El Gobierno aprueba escuelas públicas sin crucifijos, a aplicar tras la Ley de Libertad Religiosa

A pesar de sostenerse en los acuerdos del Tribunal de Estrasburgo, la idea del Gobierno, aprobada en Comisión con el apoyo de ERC y BNG, de retirar los crucifijos de los edificios públicos, no tiene todavía fecha de aplicación efectiva. De hecho, el presidente Rodríguez Zapatero quiso rebajar el clima de tensión advirtiendo que «no hay planes» de retirar los crucifijos de los colegios. Mientras, el PP extremó su discurso cuestionando si se prohibirán también Belenes o villancicos. En una línea conciliadora, la Alianza Evangélica Española emitió un comunicado aceptando la retirada de cualquier elemento religioso del espacio público, lo que no significa «expulsar a la fe de la vida pública».

El presidente de Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, demostró que se trata de un tema incómodo. Y desde luego que las reacciones que ha provocado, tanto en partidos políticos como en sectores sociales y religiosos así lo constatan.

La reivindicación más laica se apoya en una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo sobre retirada de los símbolos religiosos de los colegios públicos. El Tribunal dio la razón a una mujer que intentaba desde 2002 que en el instituto público Vittorino da Feltre, de Abano Terme (Padua), donde estudiaban sus dos hijos, retirara los crucifijos. El tribunal ha dictaminado que la presencia de esos símbolos católicos en las aulas italianas constituye «una violación del derecho de los padres a educar a sus hijos según sus convicciones» y «una violación de la libertad religiosa de los alumnos».

UNA DECLARACIÓN ENVUELTA EN POLÉMICA
La resolución despertó el debate en los países tradicionalmente católicos, en los que la presencia del crucifijo es más común. En Polonia, el Parlamento votó por mayoría que defenderán los crucifijos en las aulas. Pero en España, ante la misma disyuntiva, la Comisión de Educación ha optado por la resolución contraria.

El texto presentado y votado por PSOE, ERC y BNG aludía a la retirada de los crucifijos en «los centros escolares», quedando la duda de qué sucedería con los colegios privados o concertados. Este punto indefinido creó incertidumbre entre el resto de formaciones políticas e inició el debate. Joan Tardà, de ERC, el partido que encabezaba la proposición, proclamó que la norma afectaba a centros públicos y concertados.

Así que el debate saltó de repente del espacio público a algo más indefinido. Los colegios concertados cuentan con financiación estatal, pero sólo a medias. Casi todos los centros concertados son católicos, que presentarían más dificultades para llevar adelante la normativa.

Rodríguez Zapatero acudió a rebajar la tensión, asegurando que la retirada de crucifijos «no está en la agenda del Gobierno en este momento» y añadió que no lo estará hasta que la futura Ley de Libertad Religiosa contemple esa posibilidad. «Consenso» fue el término empleado también por el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, y el de Educación, Ángel Gabilondo. Este último agregó que el artículo 16 de la Constitución habla de «la aconfesionalidad del Estado», pero también de «tener en cuenta las creencias religiosas de la población española».

LOS CRUCIFIJOS, SENTENCIADOS EN EL ESPACIO PÚBLICO
Pero una vez aprobado por la Comisión no hay vuelta atrás, sólo espera. Así lo considera Dionisio Llamazares, catedrático de la Universidad Complutense. «La proposición aprobada obliga políticamente al Gobierno a llevarlo a cabo, por pura coherencia: si este es un país laico, no tiene ningún sentido que las actuaciones públicas estén presididas por símbolos religiosos». De hecho, cree que no deberían estar en ningún centro público, como juzgados u hospitales. En cuanto a la extensión de la medida a los concertados, Llamazares admite que en ese caso es «más discutible y, además, generaría una incomodidad que quizá la sociedad no esté en condiciones de superar sin traumas».

En los colegios concertados es donde parece presentarse un debate más férreo. Para Manuel Castro, secretario general de la Federación Española de Religiosos de Enseñanza (FERE) es «legalmente inviable» acometer esta normativa en los centros católicos. Una postura que evidentemente comparte el presidente de la Conferencia Episcopal, Rouco Varela, que va más allá aludiendo al valor cultural del crucifijo. «Si se retiran de los colegios, se privará a las familias y a los niños españoles en las escuelas del Estado de poder ver el signo más fundamental y característico de su fe, y de la fe que ha configurado su historia personal, la historia de sus familias y la historia de su pueblo», declaró.

Por su parte, el portavoz del PP, José Antonio Gómez Trinidad, criticó la medida y preguntó al Gobierno: «¿Prohibirán los villancicos?; ¿quitarán la cruz de la bandera de Asturias?; ¿llegarán hasta las casas para quitar los símbolos religiosos?». Respondió la Vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega que todo lo que tiene que ver con la simbología religiosa se abordará en la nueva ley, ya que es «el marco adecuado» para abordarla, desde «la perspectiva de la neutralidad que, desde el punto de vista constitucional, han de mantener las instituciones».

PLURALISMO Y CONVIVENCIA: «LA LEY LO RESOLVERÁ»
José Manuel López, al igual que la Vicepresidenta, consideró que el problema de los símbolos quedará resuelto en la nueva Ley de Libertad religiosa. El director de Pluralismo y Convivencia reconoce que «el asunto de los símbolos tiene mucha importancia desde el punto de vista de la construcción de la ciudadanía».

Una importancia que se explica acudiendo a la historia. «Durante el franquismo -explica- había unos símbolos que definían los elementos comunes de todos los españoles. La democracia tiene otros símbolos». Así, la única simbología común y que debería figurar en lugares públicos son «las banderas oficiales, las imágenes del Rey y la constitución», porque «el resto de simbología ya no es común».

Por otra parte, «a esto hay que sumar que una gran parte de la sociedad española es indiferente a la religión y que al menos hay un 5% de los ciudadanos que profesan una religión diferente de la católica». La conclusión para José Manuel López es que «no tiene sentido que un niño español y budista tenga que estar en un aula asumiendo un símbolo que no le es propio».

El experto, sin embargo, también aboga por cierta distinción porque no todos los símbolos son lo mismo. «Hay que distinguir entre una cruz en un aula de un colegio público, que es un elemento simbólico de carácter claramente religioso, de un belén en el vestíbulo de un Colegio que es un elemente claramente cultural». Eso sí, cualquier disposición reguladora del Estado «sólo puede aplicar sobre los centros públicos, no sobre los privados».

LA AEE: NO A LOS SÍMBOLOS EN ESPACIO PÚBLICO
A raíz de esta polémica sobre los símbolos religiosos en el espacio público, la Alianza Evangélica Española emitió un comunicado en el que defienden su ausencia. «Consideramos que ningún grupo ideológico, religioso o no, debe monopolizar el espacio público», afirma el texto. «No debe considerarse esta ausencia de símbolos como un ataque a la religión o la fe» porque el espacio público nunca puede contar con todos los símbolos de todos los grupos ideológicos, satisfaciendo a todos.

El comunicado también hace referencia a otros elementos simbólicos. «No debe confundirse la necesaria renuncia al monopolio del espacio público con el legítimo derecho a la presencia cultural religiosa, como el Belén navideño, la Pascua judía o la Fiesta del Cordero», de forma que no se produzca «la acaparación permanente de un espacio de forma exclusiva e indefinida, sino por un espacio de tiempo concreto y por un acontecimiento cultural especial popular».

Concluye la Alianza aclarando que «este hecho de ausencia de símbolos religiosos en los espacios públicos» no tiene que ver con «el expulsar a la fe de la vida pública». El foro público debe estar abierto «a que las confesiones participen, como un grupo social más (…) opinen e influencien a la sociedad en las formas democráticamente establecidas». Porque la religión no es «una influencia negativa, ni tiene menos derechos que cualquier fuerza social en el diálogo y la construcción de la vida pública».